Profusión, avaricia o liberalidad: ¿cuál es el camino que México debe seguir?
A través de un riguroso análisis de campo, que ha llevado años y muchas horas de profunda reflexión y estudio, se llega a las siguientes conclusiones previas, las cuales se donan a la hacienda pública, deseando que eventualmente, según sea el caso, contribuyan a las legislaturas, al Constituyente y a las otras instituciones y a los otros poderes del Estado.
Debe partirse de la base de que el justo medio no es la pobreza, ni la austeridad, no solo económica, sino espiritual e intelectual, y de otros tipos, sino que se encuentra en algún lugar entre la profusión de la obesidad y aquellas personas que escatiman excesivamente los recursos, y que la Real Academia Española denomina, quizás muy gráfica e histriónicamente, “ratas”. Dicho en otra forma, la prodigalidad, la abundancia excesiva y la superfluidad, se oponen a la avaricia, al afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Siendo ambas cuestiones, expresiones patológicas de la tacañería, dirigidas a sus dos polos opuestos, oponiéndose a la virtuosa liberalidad.
O sea, es claro que en el Poder Judicial de la federación existe una asociación gregaria de familiares, como existe en el Ejército de los Estados Unidos Mexicanos, en la Fuerza Aérea Mexicana y en la Marina Armada de México, pues son instituciones con tradiciones y costumbres propias, que, inspiradas en la fraternidad, trascienden generaciones, lo que, además, quizás bajo diferentes prismas, sucede en muchos otros países. Basta ver, como ejemplo, al general de división Tomás Ángeles Dauahare, quien, al margen de que se sostengan en la realidad las acusaciones que pesan en su contra, es sobrino nieto de Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, a quien José Doroteo Arango Arámbula, alias “Pancho Villa”, por un aparente exceso de humildad anclada en la falsa premisa de que quienes tienen títulos extranjeros qué colgar en las paredes de sus oficinas y que llegan a ser mezquinas y soberbias y/o mezquinos y soberbios por ello, como si eso implicase algo frente a la cruda realidad de los méritos propios, según pudiendo gobernar mejor; quien por eso no le hizo caso, lo que desvió el curso de la historia, y llevó al poder a personajes como Álvaro Obregón Salido o José Victoriano Huerta Márquez, con las consecuencias, algunas de las cuales no vale ni la pena mencionar.
Esto nos lleva a engarzar dos cuestiones, la primera es la atinente a, de manera autoritaria, bajar sueldos, creyendo que la tacañería llevada a la avaricia va a generar riqueza, solo por una aparente profusión que ha generado un legítimo enojo social, pero que es ajena a los sueldos, sino que más bien está anclada en la corrupción. O sea: ¿qué efecto puede tener un sueldo de diez unidades, frente a un contrato otorgado de manera irregular, que pudo haber generado, debajo de la mesa, mil unidades, donde no importó la sociedad, sino solo la mezquindad?
En ese sentido imaginemos a autoridades juzgadoras, desde quien se encarga de la intendencia de un órgano jurisdiccional, hasta sobre quien recae la responsabilidad, que debe estampar su firma y generar actos jurídicos que pueden impactar a toda la colectividad, incluso por asuntos de miles de unidades, ¿es justo que tengan que someterse a una austeridad arbitraria, sabiendo y teniendo más responsabilidad y conocimientos, lo que precisamente, tras una carrera de décadas, las y/o los coloca en la posición de poder hacer esa valoración y estampar su firma?
Mucho se habla de la corrupción en el Poder Judicial de la federación, quizás la haya, nunca la hemos visto; lo que sí hemos visto son cuestiones, errores del entendimiento, voluntarios o involuntarios, como este: (ENGLISH) y (ESPAÑOL). Lo que obedece más a una incapacidad para presentarlos o a una ausencia de argumentos, y a la dificultad, muchas veces producto del ego, de aceptar la derrota, no solo frente a la decisión de las autoridades juzgadoras, sino frente a la esterilidad jurídica de la pretensión propia.
La pregunta es: ¿a dónde se ha enfocado tal profusión?
La respuesta no se encuentra en el Poder Judicial de la federación, sino en el ego de las autoridades de todos los niveles, que compran legitimidad en los medios masivos de comunicación, abusando en muchos casos de las concesiones del propio Estado. Lo popular, ruidoso y público, aunque sea falaz y a veces mórbido y cruel, tiene una relevancia aparentemente superior que las horas y horas de silencio y estudio previas a presentar soluciones privadas, discretas y que solo las partes ven. Se gastan miles y miles de unidades en esa encomienda que engaña al pueblo, incluso si para ello se tienen que pisotear esas horas y horas de silencio y estudio, imponiéndose juicios, que más bien son alguna especie de circos mediáticos donde se prejuzga, juzga y sentencia, por medio de la opinión, en el mismo acto, siendo que, en algunos casos figuras soberbias, imponen su micrófono y su exposición pública, producto no necesariamente de sus trayectorias, sino como consecuencia de las concesiones del propio Estado que usan como vehículo, sobre la verdad; incluso en la vertiente de exagerar o tergiversar hechos, para así, aunque detrás del telón esté la paga, frente a la audiencia, se genere una impresión de justicia y honestidad y una “superioridad moral” y un “profesionalismo” que así se muestra con una mano, mientras el monetario lo recibe con la otra. Y pues no hay que ir muy lejos, hay estudios detallados de tales contratos y pagos, donde a figuras de esta especie, se les paga en un mes, lo que una magistrada y/o un magistrado, ya no se diga una secretaria y/o un secretario proyectista, gana en uno o más años. Y llega a suceder que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación sucumbe ante estos retorcidos deseos del ego, festejando, en un aparente afán de popularidad, que incluso se violen sus propias resoluciones, como lo es presentar propaganda como información.
Nos preguntamos: ¿es justo que algunas de estas figuras, por sus trayectorias en el uso de las concesiones del Estado, puedan viajar en primera clase, y que las y/o los miembros del poder judicial, con trayectorias e impacto social superiores, o cuando menos con muchas más horas de estudio y práctica, y mucha mayor responsabilidad, por eso mismo, no?
No se pretende restar méritos ni se llama a limitar los derechos constituidos en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, pues son innegables las expresiones espontáneas y vocacionales de muchas de estas personas, que, producto de la liberalidad, han llegado incluso, sin ser necesario, a, en actos discretos y personales de integridad y humildad, donar sus retribuciones, para que su labor privada no nuble una encomienda pública; lo que se critica no es a la genuina reportera y/o al genuino reportero a quien también le afecta esta situación, sino justamente a esas listas de la profusión egoistica, a ese comadrazgo y/o compadrazgo del ego, del cual, se repite, yendo incluso en contra de sus resoluciones, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido víctima. Máxime que esta legitimidad y popularidad compradas ni siquiera son garantía de nada, pues es patente que en algunos casos terminan por morder y traicionar la mano que les da de comer.
Sin embargo, lo que sí sería propicio para el Poder Judicial de la federación, que también impactaría al resto de las instituciones, es una diferenciación de sueldos, basada en la competitividad, la competencia y la calidad, lo que incentivara el mejoramiento, al buscar, dentro de la liberalidad, quizás como un accesorio de la vocación de desarrollo público genuina, una mayor paga, no inhibiéndola al amparo de una desconexión con la realidad, al pretender creer que a esas secretarias proyectistas y/o a esos secretarios proyectistas o a esas juezas y/o a esos jueces o a magistradas y/o a magistrados o a ministras y/o a ministros no les apetece disfrutar de los placeres de la vida, para los cuales, de por sí, no les queda mucho tiempo libre.
No se desvirtúa tampoco a quienes deciden hacer de la pobreza su forma de expresión de su concepto de la vida, pero sin que eso reste méritos espirituales a muchas empresarias y/o muchos empresarios que han generado mucha riqueza y empleos, ya que la pobreza no es sinónimo de espiritualidad, de hecho, se puede ser muy espiritual en el Tíbet, pero pues es difícil llegar caminado. Y tampoco aceptar un sueldo precario es sinónimo de vocación de desarrollo público. El problema serían justamente aquellas hipótesis donde el sueldo ni se toma en cuenta, donde ni es relevante, pues se hacen negocios al amparo del poder, no contenidos ni juntando la anualidad de tales sueldos, muchas veces incentivados o protegidos por las listas de la legitimidad comprada y del comadrazgo y/o compadrazgo profuso.
Una vez expuesto lo anterior, se considera que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin duda es una norma altamente destacable y completa, así como que el aparato de justicia federal mexicano quizás sea el más completo y productivo en lengua española, o de los más, y al menos en cuanto a la innovación, pero debiendo volverse, cuando menos, sobre todo por la posición geográfica estratégica de México, English-español bilingüe, ofreciendo más y mejores opciones, y más y mejores oportunidades, a quienes su lengua original no es el español, y que, aun así, tendrían que defender sus derechos en organismos supranacionales en English o Français. Sin embargo, se considera que debe, sin que pierda su sustancia esencial, ni se disminuyan derechos, reescribirse el texto de la Constitución federal, con el objetivo que se use un lenguaje inclusivo y neutral, sea más breve, debiendo no crearse una “constitución moral”, sino agregándosele un proemio que hable de las virtudes laicas deseables en las personas, desde aquellas producto de las culturas olmeca, azteca, maya, zapoteca, española, etcétera, hasta la actual, cambiando el nombre del país a México; asimismo, para dotar al Estado de mayor estabilidad, sería propicio, como de suyo sucede en otros países, hacer una clara división y diferenciación de la jefatura de Estado y de la jefatura de gobierno, así como optimizar las legislaturas, y justamente ampliar y profesionalizar la justicia en todos sus niveles, pues así como el ejército es a columna vertebral de la soberanía, la justicia es la columna vertebral de la actividad económica, sobre la que, a su vez, se sostiene la generación de riqueza y se incentiva la generación del empleo.
También debe “cegarse” a la justicia, permitiendo las audiencias solo cuando se soliciten por escrito, privilegiando la presencia de todas las partes, solo permitiéndose las audiencias privadas en condiciones muy específicas, debidamente fundadas y motivadas, de tal suerte que no quepa duda, o se disminuya la duda, de que se venza con, y solo con, argumentos jurídicos, y con la razón, la justicia y la verdad.
En síntesis, la corrupción no es producto de las personas, sino de las personas en algunos sistemas, incitadas por personas que comienzan, incentivan o excitan el círculo vicioso, que puede volverse una costumbre, y que una vez que se entra, pues desgraciadamente se está en riesgo de que se pierda el fondo, sin que sea condición intrínseca, autótrofa o independiente, o sin que algún país esté exento o alguna persona esté exenta de ella, pues además es un proceso constante de trabajo individual y colectivo, y un ideal, el liberarse completamente de la “corrupción”, de la misma forma que todo organismo vivo tiene células dañadas, pero para algunos su propia subsistencia llega a ponerse en riesgo; por lo que tampoco es racional exigir un máximo heroico de perfección imposible, pero sí un mínimo ético, debidamente regulado. Y pues claro que, si la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a festejar tal profusión del ego, aun contra sus propias resoluciones, e incluso teniendo su propio Canal Judicial, ésta se pudo envalentonar y persistir; la lista del comadrazgo y/o compadrazgo del ego, de esa forma, persistió; sobre todo porque sería ingenuo pensar que en la hipótesis de que se le esté pagando a alguien por decir lo que tiene que decir, por como, por ejemplo, lo establece la propia Constitución mexicana, en su artículo 6, apartado B, fracción IV, en el sentido de que la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, está prohibida; si se está pagando por presentar propaganda o publicidad, se vaya presentar información, o si se está omitiendo el pago a las “empresas” de ese “periodismo”, se vaya a “informar” lo que de suyo se abstiene de ser “propagandístico” y/o “publicitario”; como naïf sería creer que el despacho jurídico de una jueza y/o un juez, pretendiese el efecto de conseguir fallos adversos por esa causa.
Claro que, retrotrayéndonos a la realidad, el mundo cibernético ha vuelto las cosas más dinámicas, y hay canales de productos visuales, que son más democráticos en su expresión y su uso, lo que sin duda ha dinamitado esa legitimidad comprada, incluso la anclada en la generación “espontanea” de hashtags y trending topics, siendo el que era su poder, su propia némesis, lo que subsecuentemente ha afectado a las instituciones, como, entre otras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Instituto Nacional Electoral, que, al menos en la percepción de las personas, incentivaron, festejaron y propiciaron esa legitimidad comprada.
Sin embargo, ese dinamismo informático, si no persiste proveyendo con contenidos de calidad a una sociedad cada vez más informada, también va a perecer, como han perecido otras expresiones similares que aclimataron su impronta a su ego y a una popularidad que no lograron controlar, de la misma forma que algunas escritoras y/o algunos escritores, sucumben al mercado, sobre el arte, siendo víctimas de su falta o de la debilidad de su vocación. Y es probable que tal democratización, se divida aún más, generando contenidos cada vez más específicos. Y por eso una justicia federal robusta, competitiva y bien retribuida, es clave, pues será el orden en todo ese caos, en toda esa diversidad. Y las instituciones del Estado, a su vez, ante la ausencia de la legitimidad comprada, tendrán que hacer un mayor y mejor trabajo para informar su correcto accionar a toda esa nueva expresión de la diversidad, siendo un ejemplo exitoso de esto, la labor realizada en el municipio de García, en el estado de Nuevo León, donde su en ese entonces presidente municipal, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, probó, no sin dolorosos daños propios de los denominados como “colaterales”, lo que ya había dicho hace muchos años el generalísimo y emperador francés Napoleón Bonaparte, en el sentido de que en la guerra, no son las personas, sino la persona, lo que cuenta, desvirtuando así la falacia de que la táctica impulsada a nivel nacional falló por la falta de recursos, pues ese presidente municipal hizo uso de una ventaja tecnológica en el marco de una asimetría de campo, demostrando que las acciones a nivel federal fallaron justamente por falta de estrategia y de estratega. Imperando en tal expresión de la diversidad y de la democracia, sin embargo, los derechos humanos, que sin que impliquen que el Estado sea débil y falto de firmeza, en sí mismos contraen muchos temas innecesarios de abordar por ahora.
También es importante señalar que instituciones como el Estado Mayor Presidencial, y el propio avión José María [Teclo] Morelos y Pavón, cumplen un objetivo similar, pues contribuyen a generar una atmosfera, que correctamente enfocada, desde la liberalidad, invita a personas a tratar de superarse y otorgan misticismo a las instituciones. Dicho en otra forma, el problema no son las élites, sino la forma en que se ha accedido a ellas, y un ejemplo de tal, es el comadrazgo y/o compadrazgo de la legitimidad comprada.
Y si el ejército es la columna vertebral de la soberanía, y el Estado Mayor, en México agregando, quizás incorrectamente, el adjetivo “Presidencial”, quizás sería propicio denominarlo Estado Mayor Nacional; si el Estado Mayor es su cráneo; la inteligencia, tanto militar como civil, son todas esas neuronas que permiten darle sentido al movimiento del cuerpo. La inteligencia no debe eliminarse, debe diversificarse, impidiendo que existan feudos autónomos, y viendo por, y solo por, la seguridad y la estabilidad del Estado y de la nación, siendo sombras de las sombras y sombras de ellas mismas, pero al mismo tiempo una misma sombra, infringiendo golpes quirúrgicos que permitan que el esqueleto se mueva lo menos posible, y se puedan enfocar los esfuerzos del Estado, de manera pacifica, segura y ordenada, en su propio desarrollo.
En cuanto al tema de las sustancias controladas por la Ley General de Salud, se considera que si bien se debe avanzar, pues eso contribuiría, como lo dicen las propias sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ESPAÑOL) y (ENGLISH), a la paz social, debe abordarse el tema desde los parámetros de las propias decisiones, e ir viendo el impacto, y así evaluar en un futuro, la pertinencia, o no, de que implique otras sustancias diferentes a la marihuana, la cual sin duda puede convertirse en una industria, pero debiendo cuidarse que se propicie, no que se afecte, el desarrollo del propio Estado.
